Comunicat/ UA recorda el compromís de Foment per millorar la N – 230 a partir d’enguany

Unitat d’Aran ha reiterat la necessitat de millorar de forma urgent la carretera N – 230 entre Vielha i el túnel, després de l'incident ocorregut avui a la via. UA ha recordat el compromís que el Ministeri de Foment ha contret amb el territori per tal de començar les obres de millora d’aquest tram a partir de 2010, després d’haver modificat el projecte inicial, i ha denunciat que el retard de la millora ve motivat perquè ni Convergència, als Governs català i aranès, ni el PP a l’Estat, avui aliat de CDA a Vielha – Mijaran, no van posar fil a l’agulla per abordar aquesta actuació tan demandada pel territori.

Notícia/ El Govern catalogarà les bordes araneses per regularitzar-ne la situació i evitar il·legalitats

La Generalitat regularà la remodelació de les tradicionals bordes de l'Aran amb la creació d'un catàleg que establirà quines són les úniques que podran rehabilitar-se. Els seus usos quedaran limitats al turisme rural, refugis, centres d'interpretació o ecomuseus. Això deixarà sense protecció legal qualsevol ampliació i en especial les obres fetes per usos d'habitatges o hotelers. Actualment 40 bordes estan sent investigades per la fiscalia, a l'espera de que es decideixi el seu futur. Aquests antics edificis agrícoles i ramaders escampats pel territori aranès, ubicats habitualment en zones no urbanitzables, han estat reconvertits en ocasions en edificis no permesos fora de la trama urbana.

El nou catàleg que crearà el Govern ajudarà a determinar d'una vegada per totes quines són les bordes que cal protegir i quines es poden reconstruir. Ho ha anunciat a Lleida el director general d'Urbanisme, Pere Solà, qui ha explicat que les bordes només estaran permeses per usos complementaris a activitats d'oci o turisme. 'No es permetrà habilitar una borda en antigues edificacions en ruïnes', ha dit Solà, ni tampoc en indrets inaccessibles. L'únic que es permetrà serà restaurar antigues bordes encara en peu amb una obra en què no calguin ampliacions, o tant sols les mínimes en cas que siguin extremadament necessàries per col·locar-hi serveis. 'La voluntat del Govern és preservar el patrimoni de la Val d'Aran', ha assegurat Pere Solà, i per això la Generalitat s'ha decidit a crear aquest marc regulador. Per això, les bordes que no formin part del catàleg no podran recuperar-se. La Generalitat manté oberts 20 expedients sol·licitats per ajuntaments, amb motiu d'edificacions o restauracions de bordes que podrien estar fora de la llei.

(Font: ACN)

Noticia/ El segundo de Mas ingresó en 2008 casi cien mil euros por informes urbanísticos

Felip Puig, que fue conseller de Obras Públicas y Medio Ambiente con CiU, es titular de una empresa de asesoramiento

El número dos de Convergencia, segundo de Artur Mas, y uno de los dirigentes más queridos por la militancia nacionalista, Felip Puig, ingresó en 2008 casi cien mil euros -93.343- por trabajos de asesoramiento en materia de urbanismo, medio ambiente y obras públicas. Felip Puig, cuyo principal cargo es el de secretario general adjunto de CDC, asomó esta semana entre las informaciones sobre corrupción al criticar, de pasada, la acumulación de cargos que ostenta la esposa del presidente Montilla, Anna Hernández, concejal de Urbanismo de Sant Just Desvern (Barcelona).

A estas declaraciones -que fueron reprobadas por sus socios de Unió- se sumó su loa a Prenafeta y Alavedra, a los que dijo admirar «profundamente», tanto en el terreno político como en el personal. Como ellos, Puig ostentó varios cargos en los gobiernos de Pujol. Como ellos, parece dispuesto a ofrecer su experiencia a quien necesite un experto en relaciones entre las empresas y la Administración.

El que fuera -entre otros cargos-, conseller de Medio Ambiente y de Obras Públicas en la Generalitat de Pujol, creó en septiembre de 2007, ya como diputado en la oposición, la empresa «FPG Enginyeria, Estrat_gies, Gestió i Desenvolupament, SL», que tiene, entre otros fines, el asesoramiento en materia de urbanismo e ingeniería civil «dirigido tanto a personas físicas como jurídicas, públicas o privadas», según consta en la memoria de la firma.

A juzgar por las cuentas de la sociedad, que están depositadas en el Registro Mercantil, el asesoramiento de Puig, que actualmente integra la comisión de política territorial del Parlament, cotiza al alza. Tal y como se refleja en la memoria de la empresa, en su primer ejercicio, en 2007, el importe de los ingresos de explotación correspondientes a las prestaciones de servicios realizados por la sociedad se eleva, a 31 de diciembre, cuatro meses después de su constitución, a 21.000 euros. Un año después, el importe de estos ingresos -revela la memoria de 2008- asciende a 93.343 euros.

Objeto principal

En las memorias no constan los encargos por los que se facturaron tales ingresos. Así, para ir al detalle hay que retrotraerse hasta el epígrafe de objeto principal de la sociedad, cuyo redactado es: «La realización de estudios técnicos y proyectos, así como el asesoramiento técnico-jurídico, económico-financiero, y urbanístico en materia de obras públicas, arquitectura, urbanismo, etc.»

El secretario general adjunto de CDC, ingeniero civil y licenciado en Administración de Empresas, figura como administrador único y único socio de esta empresa que encabezan sus iniciales, (FPG, Felip Puig Godes). Su domicilio social se halla en la calle Duc d´Almenara Alta, en la población de Vallromanes (Barcelona) de la que Puig es vecino.

Moción «suicida»

A raíz de la «operación Pretoria», la sombra de la sospecha se ha cernido sobre todo tipo de operaciones urbanísticas. Santa Coloma, Llavaneres y Badalona ya están bajo la lupa judicial, pero ya han aparecido nombres de otros municipios, como Montcada (Barcelona), y hay auditorías en curso, en este caso de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en Ayuntamientos como Cunit o Salou (Tarragona). Y en esta última localidad, el nombre de Puig está en boca de sus críticos. Le acusan de promover el pasado abril una «suicida» moción de censura contra el equipo municipal de gobierno -que integraban el PSC y CiU, con la alcaldía rotatoria, y los independientes RDS- para, a la postre, desbloquear un proyecto de construcción de un centro comercial y de oficinas que había sido rechazado por el Consistorio. Un proyecto, aún en fase de estudio, que promueve un empresario que en otras promociones inmobiliarias ha compartido sociedad con un hermano de Felip Puig, Jordi.

A espaldas del comité local de CDC y de Unió, Felip Puig promovió y firmó la citada moción que devolvió la vara de mando de la alcaldía al partido independiente FUPS, con el apoyo del Partido Popular. Lo justificó por estrategia política: quería absorber en un futuro a FUPS y sus votantes. Para la moción, el dirigente se sirvió del voto de uno de los tres concejales de CiU que había en el Ayuntamiento, Marc Montagut, que ahora ostenta la cartera de Urbanismo. En su mesa, se presume el citado proyecto de centro comercial.

Los otros dos concejales de CiU, el convergente Salvador Pellicé, -que en virtud del pacto CiU-PSC iba a asumir la alcaldía en la segunda mitad del mandato-, y Martina Fourrier (UDC), se opusieron a la moción y no integran el equipo de gobierno.
 
 
Llegó a acumular 41 cargos durante su época como conseller de la Generalitat


Felip Puig se convirtió en la diana de los ataques del PSC por criticar la acumulación de cargos de la esposa de José Montilla, Anna Hernández, concejal de urbanismo en Sant Just Desvern (Barcelona), quien ostenta además otros diez cargos, según admitieron los socialistas para desmentir que tuviera otros catorce. La presión y las críticas fueron tan severas que hasta los socios democristianos de Convergència, encabezados por Josep Duran Lleida, censuraron que Puig atacara a la mujer del «president». En medio de esa tormenta, «el Periódico de Catalunya» publicaba el pasado sábado que en los dos años, de 2001 a 2003 en los que ejerció como conseller con Jordi Pujol, llegó a acumular 41 cargos.
 
(Janot Guil, diario Abc, 9 de noviembre de 2009)

Noticia/ Fomento otorga el 1 % cultural para la reforma del Passeg dera Libertat de Vielha

Unitat d’Aran se felicita por la decisión al dar continuidad a la obra de gobierno de Joan Riu


El Ministerio de Fomento ha aprobado esta semana la concesión de la ayuda del 1 % cultural para financiar la reforma del Passeg dera Libertat de Vielha, que supone un total de 290.000 euros y un 35 % del presupuesto del proyecto. El portavoz de Unitat d’Aran – PSC en Vielha – Mijaran, Joan Riu, se ha felicitado por la decisión del Gobierno central porque “con esta decisión, se podrá llevar a cabo un proyecto esperado por los vecinos de Vielha, que permitirá dar continuidad a la obra de gobierno de UA después de la reforma del casco antiguo, con la mejora de la calle Sarriulèra y la calle Mayor, llevadas a cabo en el anterior mandato”.

En este sentido, Joan Riu ha reclamado “celeridad” al Ayuntamiento para llevar a cabo la reforma. Para el portavoz, se trata de una obra necesaria que “UA se marcó como objetivo prioritario a cumplir en la actual legislatura” y que ahora se podrá efectuar gracias a la ayuda de Fomento y también de la Dirección General de Arquitectura i Paisatge así como del PUOSC, que son los otros organismos que contribuyen a la financiación de la reforma. Las obras contemplan la mejora del pavimento y de los servicios urbanos, de agua y gas, y la instalación de megafonía.

Actualitat/ En tiempos de crisis, CDA y PP han subido el IBI

El portavoz de Unitat d’Aran – PSC, Joan Riu, ha asegurado que el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran “se ha mostrado paralizado en todo momento ante la crisis económica” que se cierne sobre el municipio y ha recordado que incluso ha subido el IBI en un 15 % de media, “como han podido comprobar los vecinos en su recibo a lo largo de este 2009”. En este sentido, el diputado provincial ha denunciado que ni CDA ni el PP han atendido su petición para pactar un acuerdo municipal para generar empleo y activar la economía locales.

Joan Riu ha lamentado que el equipo de gobierno “no ha movilizado ni un solo euro de más para hacer frente a la crisis económica”. “Tan sólo ha dedicado 30.000 euros para fines anticrisis en la última modificación del presupuesto, de 1 millón de euros, que representa tan sólo un 3 % de lo modificado”, ha explicado. El portavoz de UA considera “muy insuficiente” esta cifra, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha tenido que habilitar 126.000 euros más para tapar los agujeros de proyectos ya realizados, fruto de la mala planificación.

http://www.unitatdaran.org/

Actualitat/ El Gobierno de CiU supo en 2003 que Millet desviaba fondos públicos

La Generalitat desoyó una auditoría oficial que advertía de la salida de más de 500.000 euros del consorcio del Palau entre 2001 y 2002

LLUÍS PELLICER - Barcelona - 24/10/2009 (www.elpais.com)

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán -entonces presidido por Jordi Pujol- lo sabía ya en junio de 2003, cuando la auditoría del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades "relevantes" en el Consorcio del Palau de la Música.

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán -entonces presidido por Jordi Pujol- lo sabía ya en junio de 2003, cuando la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades "relevantes" en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet.

La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron del consorcio 539.424 euros insuficientemente justificados en concepto de "colaboraciones" hacia la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos. La Sindicatura de Cuentas ya había advertido un año antes que estas aportaciones eran irregulares.

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones: el consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen del desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificó el presupuesto sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.

La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros. El Palau justificó esa inyección de dinero como "una cuantía variable por colaboraciones". La advertencia era ya suficiente para alertar a Economía, encabezada por el convergente Francesc Homs, que había recibido otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía de que esos pagos del consorcio a la asociación eran prácticas irregulares. Fuentes consultadas se extrañan de que la intervención no abundara más en esas aportaciones, puesto que las relaciones entre entidades suelen analizarse más por el riesgo que conllevan.

El empleo irregular del dinero no terminó ahí. El interventor constató que los contratos de Millet y Montull eran "verbales". Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más del 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que en 2008 fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo sobre las cuentas del consorcio del Palau catalán también advirtió de que en el año 2002 no se realizaron "los arqueos de caja", es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que constaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista.

Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye "el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda". Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

'Gürtel' a la catalana

Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron su partido

Dos firmas dieron 138.000 euros y se les prorrogaron concesiones

MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 23/10/2009 (El País)


La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro.

Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat. Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. De estas, 28 se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.

Sin ninguno de estos datos ni pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall ya acusó a CDC de financiarse ilegalmente a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas.

Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estos donativos procedían de constructoras de obra pública, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat.

Más información en http://www.elpais.com/.