26/10/09

Actualitat/ En tiempos de crisis, CDA y PP han subido el IBI


El portavoz de Unitat d’Aran – PSC, Joan Riu, ha asegurado que el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran “se ha mostrado paralizado en todo momento ante la crisis económica” que se cierne sobre el municipio y ha recordado que incluso ha subido el IBI en un 15 % de media, “como han podido comprobar los vecinos en su recibo a lo largo de este 2009”. En este sentido, el diputado provincial ha denunciado que ni CDA ni el PP han atendido su petición para pactar un acuerdo municipal para generar empleo y activar la economía locales.

Joan Riu ha lamentado que el equipo de gobierno “no ha movilizado ni un solo euro de más para hacer frente a la crisis económica”. “Tan sólo ha dedicado 30.000 euros para fines anticrisis en la última modificación del presupuesto, de 1 millón de euros, que representa tan sólo un 3 % de lo modificado”, ha explicado. El portavoz de UA considera “muy insuficiente” esta cifra, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha tenido que habilitar 126.000 euros más para tapar los agujeros de proyectos ya realizados, fruto de la mala planificación.

http://www.unitatdaran.org/

Actualitat/ El Gobierno de CiU supo en 2003 que Millet desviaba fondos públicos


La Generalitat desoyó una auditoría oficial que advertía de la salida de más de 500.000 euros del consorcio del Palau entre 2001 y 2002

LLUÍS PELLICER - Barcelona - 24/10/2009 (www.elpais.com)

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán -entonces presidido por Jordi Pujol- lo sabía ya en junio de 2003, cuando la auditoría del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades "relevantes" en el Consorcio del Palau de la Música.

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán -entonces presidido por Jordi Pujol- lo sabía ya en junio de 2003, cuando la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades "relevantes" en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet.

La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron del consorcio 539.424 euros insuficientemente justificados en concepto de "colaboraciones" hacia la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos. La Sindicatura de Cuentas ya había advertido un año antes que estas aportaciones eran irregulares.

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones: el consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen del desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificó el presupuesto sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.

La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros. El Palau justificó esa inyección de dinero como "una cuantía variable por colaboraciones". La advertencia era ya suficiente para alertar a Economía, encabezada por el convergente Francesc Homs, que había recibido otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se advertía de que esos pagos del consorcio a la asociación eran prácticas irregulares. Fuentes consultadas se extrañan de que la intervención no abundara más en esas aportaciones, puesto que las relaciones entre entidades suelen analizarse más por el riesgo que conllevan.

El empleo irregular del dinero no terminó ahí. El interventor constató que los contratos de Millet y Montull eran "verbales". Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más del 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que en 2008 fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo sobre las cuentas del consorcio del Palau catalán también advirtió de que en el año 2002 no se realizaron "los arqueos de caja", es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que constaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista.

Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye "el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda". Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

23/10/09

'Gürtel' a la catalana


Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron su partido

Dos firmas dieron 138.000 euros y se les prorrogaron concesiones

MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 23/10/2009 (El País)


La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro.

Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat. Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. De estas, 28 se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.

Sin ninguno de estos datos ni pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall ya acusó a CDC de financiarse ilegalmente a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas.

Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estos donativos procedían de constructoras de obra pública, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat.

Más información en http://www.elpais.com/.

9/10/09

NOTICIA/ Millet y varias empresas constructoras sustentaban la fundación de Convergència


El Palau de la Música y Dragados, principales donantes de la Trias Fargas

MIQUEL NOGUER / LLUÍS PELLICER 09/10/2009 (El País)

¿Quién financia las fundaciones de los partidos políticos? Las donaciones opacas de Fèlix Millet, principal imputado por el saqueo del Palau de la Música, a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han puesto de relieve que el propio Millet, a través del Orfeó Català, fue el principal protector privado de la fundación nacionalista. Pero no estaba solo. Varias de las grandes constructoras y promotoras catalanas y españolas figuran entre los grandes valedores de la fundación del partido que gobernó Cataluña durante 23 años.

Según la documentación aportada por la propia entidad al registro catalán de fundaciones, el Orfeó de Millet y una decena de constructores aportaron el 90% de las donaciones privadas que recibió la fundación nacionalista en 2005. Este ejercicio es uno de los pocos en los que la fundación de CDC detalla en su memoria el origen de las aportaciones. El Orfeó presidido por Millet donó aquel año 120.000 euros y las aportaciones de los constructores, plenamente legales, ascendieron a 350.000 euros.

Entre los donantes figuran las grandes empresas que lideran la contratación de obra pública. La constructora Comsa, de la familia Miarnau, en 2005 aportó 120.000 euros a través de sus filiales Tamisa y Gestor de Maquinaria Ferroviaria. Copisa, presidida por Josep Cornadó, aportó 60.000 euros y Fomento de Construcciones y Contratas, controlada por Esther Koplowitz, inyectó otros 60.000 euros.

El año anterior, la fundación de CDC se llevó una suma importante (90.000 euros) procedente de Dragados Obras. La empresa ese año ya pertenecía al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que absorbió el grupo Dragados en diciembre de 2003. Todos estos grupos son adjudicatarios de grandes obras públicas y aparecen cada año entre los 10 principales grupos a los que GISA contrata. Por ejemplo, participan en la ampliación de la línea 5 del metro y la construcción de la línea 9.

Consultadas por EL PAÍS, fuentes de CDC subrayaron la legalidad de las donaciones y recordaron que éstas se produjeron tras abandonar CiU el Gobierno. Las memorias de la fundación durante los años de CiU en la Generalitat no especifican quién aportó unas sumas que oscilaban entre 500.000 y 600.000 euros anuales. El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, se mostró ayer sorprendido por el hecho de que en las cuentas de la fundación depositadas en el registro de Justicia no se detalle el origen de los 630.000 euros que el Orfeó de Millet dio a la Trias Fargas.

La Fundación Rafael Campalans, del PSC, se desmarcó ayer de la de CDC y convocó a la prensa para explicar con todo lujo de detalles sus números. Su director, Albert Aixalà, explicó, a partir de la memoria económica de 2008, que la fundación se financia en un 80% con subvenciones y el 20% restante procede de ingresos propios (por publicaciones o servicios de formación) y de donaciones. En el capítulo de presupuesto de procedencia privada, destaca un convenio con la Obra Social de Caixa Catalunya por valor de 50.000 euros que se destinan, aseguró Aixalà, al archivo histórico del socialismo catalán.

El juez Juli Solaz acordó que se pinchara el teléfono de Félix Millet tal y como le solicitó la fiscalía cuando presentó la querella por el caso del Palau de la Música el pasado 10 de junio. En contra de lo que publica hoy este periódico en la edición impresa, los Mossos d'Esquadra pincharon el teléfono de Millet del 22, víspera del registro del Palau, al 30 de julio. La medida había sido solicitada por la Fiscalía en el escrito de querella. Los mossos no encontraron nada relevante en el contenido de las conversaciones y así consta en un escrito dirigido al juez. Con todo, la policía entregó un CD con las conversaciones al juez.

En el auto de citación como imputados de Millet y Montull, el juez explica que no cita al resto de los querellados -Gemma Montull, Enric Álvarez y Pau Duran- "a la vista de que ninguno de ellos ha confesado su participación" en los hechos que se están investigando.