El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, formado por Convergencia (CDA) y PP, ha pagado una indemnización de 450.000 euros para evitar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligaba al consistorio a demoler parte de un edificio declarado ilegal, según revela hoy el diario Segre. A la sentencia de 2003, le siguió, el año siguiente, una interlocutoria de ejecución que ordenaba la demolición de parte del inmueble, cuya licencia de obras fue otorgada en 1997 por el actual alcalde.
En lugar de efectuar la demolición, en cumplimiento de la sentencia, el gobierno municipal ha optado, en marzo de 2008, por pagar la cuantiosa indemnización pública a la vecina afectada que interpuso la demanda contra las obras. El grupo de Unitat d'Aran en Vielha ve indicios de estafa procesal, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ante este incumplimiento normativo y la nula ejemplaridad pública que el actual equipo de gobierno de Vielha ha demostrado, cabe preguntarse si el pago de esta indemnización millonaria, fruto de una mala actuación del alcalde y aliado de CDA, forma parte del precio que Convergencia ha tenido que pagar (y nunca mejor dicho) para hacerse con el gobierno municipal de Vielha e Mijaran.
